«Los jueces, en un México turbulento», la opinión de Juan Miguel Alcántara Soria
abril 22, 2023GOBIERNO DE LOS JUECES, EN EL MÉXICO TURBULENTO
Juan Miguel Alcántara Soria
El pasado martes 18 la Suprema Corte de Justicia invalidó el paso a la Secretaría de la Defensa Nacional del cúmulo de facultades sobre la Guardia Nacional, que violando la Constitución, AMLO propuso y legisladores de la 4t aprobaron, en leyes secundarias, en septiembre de 2022. La Corte consideró que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que esa corporación sea civil, y que su adscripción y determinación de sus acciones corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública.
También invalidó la facultad del Secretario de la Defensa Nacional de proponer el nombramiento del Comandante de la Guardia Nacional. Y determinó que los efectos de su resolución sean a partir del 1º de enero del 2024 (la transferencia a Sedena la suspendió jueza federal en Irapuato en octubre pasado en juicios de amparo).
Ocho ministros honestos resolvieron ser Poder autónomo, volver a la letra y espíritu constitucional, superar la simulación o “fraude a la Constitución”, e invalidar la militarización de la seguridad pública. En contra votaron 3 serviles, incluido su ex-presidente Zaldívar, demagogo militarista: salió con la estupidez de que Ejército y Marina son instituciones civiles porque su comandante supremo es un civil.
La presidencia de la ministra Norma Piña fortalece al Estado de derecho. El proyecto del ministro González Alcántara citó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que mantener el orden público debe quedar reservado, de modo primario, a las policías civiles: “la actuación militar en labores de seguridad pública y para contener la violencia interna responde a criterios de estricta excepcionalidad”.
“El articulo 129 constitucional reza que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución consagra, en exclusiva, a autoridades civiles”.
AMLO acató la resolución solo en parte, y desacata lo más: ordenó a su secretaria de Seguridad mantener al General Córdova como Comandante, y que la Guardia siga orientada y formada por el Ejército.
Amenazó que el 1 de septiembre del 2024 volverá a presentar iniciativa para que la Guardia dependa de Sedena (iluso cree que habrá más diputados de la 4t sin él en las boletas electorales). Tildó a los 8 ministros de “facciosos y corruptos”, “subordinados a la delincuencia organizada”.
Este viernes ordenó romper toda comunicación con los ministros de la Suprema Corte: “ni el teléfono le contesten”. Enloquecido, con tufo dictatorial.
La Guardia Nacional fue ocurrencia obradorista al desaparecer la Policía Federal. Sus mandos y elementos son militares en más del 90 %; y actúa como cuerpo militar. Será complicado recuperar una policial federal civil.
El gobierno que sustituya al actual tendrá un inicio harto difícil para lograr un cuerpo que recupere la seguridad en el ámbito federal. Deberá diseñar un modelo policial urgente, en un plan nacional integral, que hoy no tenemos. Además, fuera de la Cdmx o Nuevo León, no hay cuerpos policiales locales con capacidades para atender suficientemente la seguridad pública. Ahí hay que empezar ¡ya!
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 12, condenó de México el arraigo y la prisión preventiva de oficio, por la violación de los derechos humanos de 2 personas detenidas desde 2002, por más de 17 años. Y ordenó que el Estado mexicano, en un año, elimine el arraigo, y ajuste la prisión preventiva oficiosa a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los poderes legislativo y ejecutivo deberán modificar la Constitución y emitir leyes al respecto, para evitar el abuso de esta figura. De no hacerlo, tocará a los jueces resolverlo. Son tiempos del Gobierno de los Jueces, ante irresponsabilidad de los otros poderes.
Así se reconstruye el orden político-jurídico, para garantizar los derechos humanos y la división de poderes. Tenemos Suprema Corte de Justicia para sortear turbulencias. ¡Abróchense los cinturones!