“El desastre de seguridad actual”, la opinión de Juan Miguel Alcántara Soria. 14 de agosto de 2022

Juan Miguel Alcántara Soria

Políticas, planes, programas, estrategias o acciones que en nuestras localidades podemos impulsar para reducir factores de riesgo que propician violencia y delincuencia, y para fomentar factores de protección que las previenen y que fortalecen a la comunidad, han de considerar, entre otros, estos elementos:

1.-) Cuestión previa es resolver si perdurará la visión de seguridad pública centralizada, autoritaria, como función única del gobierno –municipal o estatal- y de sus instituciones de seguridad, centradas en el orden y la paz públicos (seguridad objetiva), o si se transitará a la seguridad ciudadana, con énfasis en proteger a las personas, sus libertades, derechos y patrimonios (seguridad subjetiva, de los sujetos todos): requiere redimensionar los derechos e intereses de las personas y sus canales de comunicación con las instituciones, para recuperar orden y paz.

2.) Elaborar diagnósticos sobre diversas realidades urbanas y rurales, con participación de habitantes. Por barrio, colonia, sector; municipio, región o estado. Los datos con los que cuenta la población son muy relevantes para hacer “inteligencia social”, en binomio policía-ciudadanía. Datos se completan con entrevistas a grupos de maestros, sacerdotes, empresarios, y otros que acopien datos. Y se suman los de ambas fiscalías sobre incidencia delictiva.

3.-) Aspecto prioritario son las políticas de prevención de violencias y delincuencia en lo municipal. Hay un marco conceptual y normativo que establece la prevenciones: (i)social, (ii) situacional, (iii) comunitaria, (iv) psicosocial, (v) policial y (vi) prevención de la reincidencia. Se apuesta más a la prevención policial y a la situacional (cámaras de vigilancia, por ejemplo), sin duda muy útil si hay operadores profesionales.

4.-) El modelo de policía. En el 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, concurriendo representantes de asociaciones de Alcaldes, y organizaciones de la sociedad civil. Luego se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que plasmó esos acuerdos. Alcaldes se comprometieron a desarrollar programas que incorporen el componente social a su estrategia de seguridad; aplicar el Nuevo Modelo Policial, con énfasis en investigación científica para la prevención; establecer indicadores de evaluación y seguimiento; depurar y fortalecer a sus policías y sus mandos; instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera para regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y retiro de policías; establecer indicadores de medición del desempeño de policías.

En 2019 se aprobó otro “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, que desarrollaba en parte la Estrategia Nacional de López Obrador. Se abandonó, igual que compromiso de recursos a municipios. Era de “policía de proximidad” y requería romper paradigmas que Fiscales rehúsan aceptar: “tanta policía municipal como sea posible, tanta policía estatal como sea necesario”.

La Ley General ordena que todas las policías desarrollen funciones de: I. Investigación. II. Prevención y III. Reacción. Y que unidades de policía encargadas de la investigación de los delitos se ubiquen tanto en fiscalías como en policías municipales.

El último Modelo cuenta con 4 componentes: medición de victimización y de confianza en la policía; policía de calidad y reducir déficit de policías; sostenibilidad financiera con un “Derecho del Policía basado en el impuesto predial”, y normatividad.

El Modelo con la Justicia Cívica atendería en su primera etapa: faltas administrativas; infracciones de tránsito y vialidad; las mediaciones policiales.

5) Los ayuntamientos promoverán cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana; desarrollar y apoyar programas locales que incorporen el componente social en sus estrategias de seguridad; participar en creación y fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de autoridades para erradicar corrupción y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social. Son apuntes para lograr seguridad ciudadana, que es también construcción ciudadana.