La columna de Juan Miguel Alcántara Soria. 04 de octubre de 2019

La columna de Juan Miguel Alcántara Soria. 04 de octubre de 2019

4 octubre, 2019 Desactivado Por Redacción

MÉXICO ARRIBA EN MERCADOS DELICTIVOS.

Juan Miguel Alcántara Soria

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP recién publicó (25/09/2019) la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos –exigida por GAFI- que permite identificar, evaluar y entender riesgos de lavado de dinero: La delincuencia organizada subsiste como la principal amenaza de lavado de dinero; se identifican 9 cárteles con presencia nacional y 8 mafias locales (Santa Rosa de Lima en Gto); se reconocen como principales actividades ilícitas: secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, pesca ilegal de especies protegidas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y narcomenudeo. Son relevantes dos datos: entre enero-junio de este año se identificaron 7,638 tomas clandestinas de hidrocarburos. ¡más que en el mismo período del 2018! -14,984 tomas todo el año- ¿no que se redujo huachicoleo a más del 95%?). Y en corrupción: Peña Nieto propició llegar del lugar 105 al 138 de 180 países, en 2018, de menos a más corruptos.

Por otra parte, México ocupa la primera posición en el ámbito de mercados delictivos, según estudio de programa patrocinado por la Unión Europea para mejorar capacidad de respuesta de África ante delincuencia organizada transnacional (ENACT), publicado en Bruselas semana pasada (El Universal, 28/09/2019). Se incluyeron 11 países no africanos para comparativa. Resulta que ningún mercado delictivo africano supera al mexicano, según indicador compuesto por 10 actividades ilícitas: tráfico de personas y de armas, cannabis, heroína, drogas sintéticas, delitos relacionados con la flora y fauna, hidrocarburos (coincidentes con UIF). Registra mejores cifras para México en cooperación internacional y legislación nacional, y peores resultados en: prevención e integridad territorial, liderazgo político y gobernabilidad, y en apoyo a víctimas.

Estas dos evaluaciones, interna y externa, deberían provocar revisión y ajuste profundos de la estrategia nacional de prevención y combate a estas actividades de mercado ilícitas, incluyendo economía informal y el flujo cuantioso de efectivo ilícito, responsabilidad y competencia de la Federación (FGR, UIF, PROFEPA, Guardia Nacional), excepción de extorsión, secuestro y narcomenudeo: competencia local (¿Y nuestra “UIF”  Apá?), y la respectiva colaboración y prevención. Senadores de MORENA ven la paja en el ojo de gobiernos locales ajenos, y no la viga en el gobierno propio, el federal. Nos fallan todos.

Ciudadanos también contamos. Empresarios, profesionistas, arrendadores, sociedades mercantiles -por actividades vulnerables al lavado de dinero- debemos prever amenazas o riesgos y asumir retos. De Roma heredamos un sistema de responsabilidad con varias graduaciones: El 1er grado es el dolo, supone intencionalidad; el 2º grado es la culpa, que puede ser negligencia extrema o imprudencia inexcusable (equiparable al dolo), o leve: que es negligencia o imprudencia excusable en persona ignorante o en pobreza extrema, pero inexcusable en un buen padre de familia, o inobservancia de la diligencia de un celoso o prudente administrador. Esto viene al caso por la recién publicada Ley Nacional de Extinción de Dominio, norma de segunda generación, y mal comprendida. Seguro hay que perfeccionarla y la Suprema Corte de Justicia resolverá pronto aspectos concretos al respecto, pero la ley será instrumento fundamental para combatir lavado de dinero ilícito, aplicada con rectitud.

Esta ley conceptualiza la “buena fe exenta de culpa” como “conducta diligente y prudente exenta de culpa en todo negocio jurídico relacionado con los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio”. Este es posibilidad legal del Estado de declarar –mediante sentencia en proceso de naturaleza civil, patrimonial, con prevalencia de oralidad, autónomo del penal- extinguido el dominio de bienes usados para realizar actividades ilegales o que sean producto de actividades ilícitas relacionadas con investigaciones por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos; sin contraprestación alguna para el afectado. Apendejarse sale caro.